Aunque cada acción hostil del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba suma puntos al cinismo de la potencia imperial, no es insólita ni sorpresiva la noticia de la solicitud de nuevos fondos para financiar la subversión en la Mayor de las Antillas.
 
A fin de sostener una apariencia indiferente, el Departamento de Estado ha dicho que el archipiélago no es una prioridad inmediata en su política, sin embargo, otra vez dejan constancia de que meterán las manos en los bolsillos de los contribuyentes nacionales para oxigenar –ahora con 20 millones– el desespero diversionista contra la Revolución; eso, sin contar las vueltas de tuerca que siguen dando al bloqueo de la economía insular.
 
Para justificar las nuevas erogaciones, usan el típico eufemismo de los «programas de democracia» dirigidos a Cuba.
 
La más reciente revelación de Cuba Money Project, a cargo del periodista Tracey Eaton, da cuenta de que la partida financiera dedicada al negocio subversivo contra el archipiélago se incluye en la petición –de cara a 2022– de 58 500 millones que la administración de Biden solicita para el Departamento de Estado y la mal llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), un aumento del 10 % sobre el presupuesto de este año.
 
Asombra más que, a pesar de sus históricos fracasos, la Casa Blanca definió entre los destinatarios a las infames Radio y tv Martí.
 
Con la anunciada «cortesía financiera» –que desde ahora celebran sus consabidos beneficiarios– sigue siendo muy fácil entender qué es lo que verdaderamente tiene prioridad o no para Estados Unidos.
 
Lo que queda por ver, de nuestro lado, también se sabe: no hay dinero que vulnere la resistencia y firmeza de los cubanos, convencidos hace rato de que la libertad, la soberanía y el decoro nunca han tenido precio.